Durante décadas, los presupuestos de las administraciones locales se elaboraban bajo un hermetismo casi absoluto, donde la ciudadanía apenas tenía acceso a los detalles sobre el destino de los impuestos. Esta opacidad institucional generaba desconfianza generalizada y dificultaba cualquier intento de fiscalización ciudadana efectiva. Las decisiones financieras se tomaban en despachos cerrados, limitando la participación pública a procesos electorales distantes y sin mecanismos continuos de control.
Con el paso del tiempo, las demandas sociales de mayor justicia distributiva y control democrático impulsaron profundas transformaciones en las estructuras estatales. Los gobiernos locales comenzaron a experimentar presiones para abrir sus libros contables, sentando las bases normativas modernas que hoy entendemos como la rendición de cuentas obligatoria. Este cambio de paradigma no ocurrió de la noche a la mañana, sino a través de constantes negociaciones políticas y reformas legales progresivas.